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Javiera Cerda

Venezolanos en Chacalluta: toda persona tiene derecho a solicitar asilo

20 de junio de 2019

Niurde tiene 28 años y es venezolana. Hace 8 días viene viajando con su esposo José Luis y sus tres hijos: Trini, Samuel y Sabrina. Han soportado el cansancio y los obstáculos, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. Llegaron a la frontera de Chile en el paso de Chacalluta y no han podido continuar, porque no cuentan con el permiso del padre de Trini para realizar el viaje. El problema es que no tienen contacto con él hace cerca de seis años y no han podido localizarlo. Han intentado pasar en dos oportunidades por el control fronterizo y la respuesta ha sido negativa ambas veces. Les han dicho que no pueden entrar, que se devuelvan a Perú o que regresen a Venezuela. Niurde y José Luis vendieron todo lo que tenían para poder viajar y ya no tienen como regresar. La última noche la pasaron en el piso y el día anterior sólo comieron los niños para poder guardar alimento para el día siguiente. Si no encuentran una forma de entrar a Chile, donde los esperan los hermanos de José Luis, no saben qué harán.

 

Durante los últimos días, al equipo del Servicio Jesuita a Migrantes, junto a otras organizaciones, le ha tocado conocer y acompañar la situación de más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, que están varadas en el complejo de Chacalluta, sin poder volver a Perú ni ingresar a Chile. A partir del 15 de junio comenzó a darse esta situación, producto de la medida tomada por el gobierno peruano, en virtud de la que se está exigiendo tener una visa a toda persona venezolana que intente ingresar a ese país. Antes de esto, quienes no lograban entrar a Chile por Chacalluta se dirigían a Tacna para pasar la noche en el terminal o en refugios; hoy no pueden ingresar (o reingresar) a Perú por lo que están quedando en un limbo, impedidas de entrar a cualquiera de ambos países.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la frontera ha sido entregar comida y abrigo, dar asesoría e información, junto con acompañar a las personas que están allí sin soluciones. En paralelo, nos hemos dirigido a autoridades para solicitar definiciones y acciones que vayan en cuidado de quienes están impedidas de entrar al país, especialmente niños y niñas. La experiencia en Chacalluta nos ha mostrado que la frontera no es sólo geográfica, sino también humana. Podemos ver potentes gestos de solidaridad y al mismo tiempo barreras administrativas que no se hacen sensibles a quienes necesitan con urgencia respuestas y soluciones.

Hoy, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, resulta fundamental que el Estado de Chile tome acciones decididas por proteger a quienes llegan a nuestras puertas huyendo de la crisis de Venezuela. Toda persona tiene derecho a solicitar asilo y a que el Estado estudie su caso, para determinar posteriormente si se le reconoce la condición de refugiada. Esperemos que la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a Venezuela sea un escenario que nuestro país aproveche para reafirmar con acciones concretas su compromiso por el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, especialmente las que se han visto forzadas a dejar su país.

Columna publicada en El Morrocotudo

Jefa Regional Arica

Servicio Jesuita a Migrantes