Mapa del Sitio

Contacto SJM

Suscríbete a la página

Arica

Juan Antonio Ríos 1100, Arica

+56 582 277004 |arica@sjmchile.org

Antofagasta

Avenida Bonilla 9198, Antofagasta

+5655224171073 | antofagasta@sjmchile.org

Santiago

Lord Cochrane 104, Santiago de Chile.

+56 2 2838 7560 | info@sjmchile.org

Síguenos

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
Logo SJM - Colores_edited.png
Buscar
  • SJM

“Es doloroso ver a niños entrar a Chile por un campo minado”

La Segunda - El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes dice que a un año del viaje de Piñera a Cúcuta, el gobierno se olvidó de la crisis en Venezuela. Acusa abusos de la PDI.


Le ha sido fácil camuflarse entre una multitud descontenta. Con su habitual atuendo laico, el sacerdote y director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, ha frecuentado Plaza Italia desde que comenzaron las movilizaciones del 18 de octubre. Tal como lo ha hecho 'casi todos los días' —asegura— un grupo de comunidades de capillas católicas, incluyendo a religiosas y curas. 'He estado ahí varias veces como una opción de manifestación pacífica activa. Incluso, se hizo una eucaristía en el lugar donde murió Mauricio Fredes', cuenta. En paralelo, Vicuña no descuidó su labor. Por eso, el 12 de diciembre lanzó una denuncia en Twitter: '¿Les cuento algo? Entre ayer y hoy funcionarios de la @PDI_CHILE fueron a casas de personas venezolanas a buscarlas para ‘actualizar sus papeles'. Pero una vez en la PDI las detuvieron para deportarlas mañana... ¡¡a Venezuela!! Esta práctica de engaño se ha hecho recurrente… Mientras están todos hablando de otros temas, se realizan deportaciones engañando a las personas y sin el debido proceso. ¿Dónde quedó Cúcuta y los DD.HH.?'. —La Fiscalía investiga irregularidades de la PDI en los procedimientos de expulsión, a partir de una denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). ¿Ustedes han aportado antecedentes? —Sí, junto al INDH y clínicas jurídicas. Esto no significa estar en contra de las deportaciones, sino que a favor del debido proceso. Es necesario el orden, pero no puede estar por sobre los derechos humanos. Hay una práctica sistemática de irregularidades, de engaño y de abuso de poder por parte de la PDI frente al migrante. —¿Qué tipo de hechos son habituales? —Sabemos de varios casos de personas a las que llaman para regularizar sus papeles y cuando llegan a la PDI, las detienen para ser deportadas. Antes mandaban mensajes, pero se dieron cuenta de que se podían usar como prueba. Ahora llaman por teléfono. Incluso, a alguien le dijeron 'venga o sufrirá graves consecuencias'. Hemos visto prácticas abusivas muy fuertes. En enero, una madre fue detenida con su hija de 10 años afuera del SJM. Cada tanto policías se dan una vuelta por acá, porque saben que encontrarán extranjeros. Perseguir a los migrantes afuera de una oficina es lo que ha hecho Trump en EE.UU. En Extranjería, por otro lado, muchas veces el guardia decide quién ingresa y quién no. Eso rompe toda lógica. El Estado está abusando y dejando sin derecho a defensa a los migrantes. —¿Les dan 24 horas, desde que son notificados, para interponer una acción judicial e intentar evitar su expulsión? —Sí. Como servicio hemos presentado varios recursos: ha sido revocada la orden de expulsión de 187 personas, lo que sienta un precedente a nivel de la Corte Suprema. Pero una vez fuimos con el decreto de la Corte de no innovar y aun así un oficial de la PDI no quería dejar libre a la persona. Nos decía que tenía que ir un abogado. Al final la liberó solo porque insistimos. Hay una práctica sistemática de vulneración de derechos. Eso cada vez se asemeja más a la política de Trump, donde se criminaliza a la población migrante y se habla siempre de ella por expulsiones. Al comenzar su período, el director de Extranjería señaló que el Gobierno quería todo lo opuesto a la política migratoria de Trump, pero lo que vemos es que con los procesos de criminalización se fomenta un estereotipo y se culpa de distintos males a la población migrante: del estallido social, del VIH, del aumento del desempleo... Cuatro organismos internacionales han señalado que en Chile ha habido vulneración a los DD.HH., pero eso ya pasaba con la población migrante. Eso no empezó el 18 de octubre, empezó el 9 de abril de 2018 con la nueva política migratoria. —¿Conversan estas materias con el Ministerio del Interior? —Atendemos a la población migrante justamente porque Extranjería no da abasto y hemos demostrado seriedad en el trabajo, pero aun así no hay voluntad política de juntarse. A mí me bloqueó el director de Extranjería en Twitter. Esa es la actitud. Este es un tema complejo; el Estado no puede cerrarse a conversar con la sociedad civil. Y el tiempo nos ha dado la razón. —¿En qué? —Dijimos que iba a aumentar el ingreso por pasos no habilitados y aumentó. Dijimos que el proceso de regularización no iba a funcionar bien y tuvieron que extenderlo. Nunca dieron el resultado de cómo terminó. La visa consular, en principio, no es mala, pero ha provocado un aumento exponencial del ingreso clandestino, sobre todo desde Venezuela y Haití. En enero estuve con una familia venezolana que solicitó refugio en Chacalluta y se les negó. Finalmente, ingresaron por paso no habilitado. Es doloroso ver a niños de 9 y 6 años que quizás no supieron que entraron por un campo minado. Peligro en la frontera —Hace poco la PDI advirtió un alza de trata de personas y tráfico de migrantes. —Han aumentado las bandas de tráfico de personas. Lo que tenemos que responder es ¿queríamos que entraran niños por campos minados? En 2017 hubo 5 personas venezolanas que ingresaron por paso no habilitado; el año pasado, 3 mil. El 50% de los ingresos por pasos no habilitados de la última década ocurrió en los dos últimos años, justamente por la nueva política. Una vez nos enteramos que una familia entró con una guagua por el mar de Arica. En junio ingresó una persona peruana y murió. Yo le pregunto al Gobierno: ¿Ustedes querían que guaguas entraran por el mar, que niños ingresaran por campos minados? ¿Qué está haciendo la autoridad que hace un año hablaba todos los días de Venezuela y la vulneración de derechos humanos? Desde junio, lo de Cúcuta parece que ya no importa. —¿Cómo contabilizan los ingresos por pasos no habilitados? —Son las (personas) que se autodenuncian dentro del territorio para regularizar su situación. Es un número difícil de calcular, pero es mayor (...). Una persona que solicita su permanencia definitiva hoy está demorando más de un año un documento para su inserción en el país. —¿Tienen antecedentes sobre cuánto cobran las bandas de tráfico? —Entre $100 mil y $300 mil. Usan el desierto, la línea del tren y el mar, principalmente. Cuando pasó la crisis de Chacalluta, vimos que las bandas de tráfico se agolpaban en el consulado. Pero empezaron a haber distintos movimientos y tejieron nuevos circuitos, pasando por Bolivia o Argentina. Una familia nos contó que los dejaron en la frontera y les dijeron que eran ocho horas caminando. Los dejaron ahí, pero no les advirtieron que había campo minado. —¿Cómo le han afectado, en lo personal, los casos que ha conocido? —Nadie imagina lo duro que debe ser salir de su país, como última medida, y acá encontrarse con que tienen que esperar ocho meses para regularizar su situación o someterse a bandas de tráfico. Me ha tocado escuchar a mujeres que han sido violadas o niños que han pasado por campos minados. Eso no puede seguir ocurriendo. Algunos dicen que los migrantes vienen a robar el trabajo, pero a ellos se les está robando la dignidad. No puede ser que las personas vivan con susto o que se cree una lógica de competencia entre chilenos y migrantes. Hay un millón de chilenos viviendo afuera y un millón y medio de inmigrantes viviendo acá. Chile necesita a la población migrante. Si cambiamos el sistema de pensiones, los migrantes pueden aportar. Pero se les está denigrando. —Este mes se cumplió un año desde el viaje de Piñera a Cúcuta. ¿Cree que generó falsas expectativas? —Hemos tenido a venezolanos que nos han dicho que vinieron a Chile porque pensaron que era un país que los quería acoger, pero ahora los rechaza. A un año de Cúcuta, el Gobierno se olvidó del pueblo venezolano, y todo lo que quiso ser un mensaje de acogida y de apertura terminó en un cierre de puertas en junio, con la visa de responsabilidad democrática y el desastre de Chacalluta. Pareciera que la crisis en Venezuela desapareció. Incluso Brasil, con Bolsonaro como presidente, ha reconocido a la población venezolana como refugiada acogiendo a 21 mil venezolanos; más del doble que en toda la década. Paraguay y Colombia han facilitado su integración. Pero Ecuador, Perú y Chile, en cambio, han aumentado los requisitos. Y hacer eso donde ocurre la mayor vulneración de los DD.HH. y la mayor inflación del mundo es una atrocidad. —¿Cómo se deberían solucionar los problemas migratorios? —Hay distintos niveles. Primero es necesario un diálogo entre la autoridad y las organizaciones que trabajan y tienen más historia con la población migrante. Dos, seguir discutiendo el proyecto de ley, pero también ir evaluando lo que ha sucedido. Porque tal como está, el proyecto busca continuar las medidas, y las medidas no han dado el resultado esperado. La visa de responsabilidad democrática de Venezuela lo que hace es esconder el refugio, cuando la Acnur y la ONU han dicho que los venezolanos cumplen el perfil de refugio. Además, es tener políticas comunicacionales que no criminalicen y acciones de la PDI que no vulneren los derechos. —¿Cree que el proceso constituyente podría ayudar en algo? —Chile es de los pocos países que da la posibilidad de votar a los extranjeros. Es bueno que eso se mantenga. Estamos en un proceso el que vamos a estudiar otras Constituciones para ver qué señalan sobre las personas migrantes. No buscamos privilegiar, sino que, basados en un enfoque de derecho, establecer reglas básicas, porque los derechos no pueden estar sujetos a un carné de identidad, sino que a la condición humana. El estallido y la Iglesia —¿La percepción de los chilenos frente a la migración ha cambiado? —En estos meses de estallido social hemos visto que la ciudadanía se ha dado cuenta de que la población migrante no es la causante de las injusticias estructurales. En la encuesta Voces Migrantes, de diciembre, vimos cómo coinciden muchas demandas de los migrantes con las de los chilenos. La ciudadanía se dio cuenta de que están en igual situación de exclusión. Y a más de tres meses, aún no hay ninguna prueba de que el estallido social fue causado por extranjeros. Haberlo dicho fue una irresponsabilidad con el país, porque lo único que generó fue un ánimo de animadversión y de conflicto. Y lo que se necesita es paz. —Al menos en lo público, la Iglesia no ha tenido un rol en la crisis, por ejemplo en materia de derechos humanos. ¿Falta una figura como la del cardenal Silva Henríquez? —La Iglesia necesita cuestionarse, mejorar y cambiar cosas estructurales. A veces hay una añoranza y se dice que la Iglesia está en silencio, pero creo que es muy bueno que haya instituciones del Estado que hayan reemplazado a la Iglesia en esa labor (de defensa de los DD.HH.). La Iglesia, además, tiene una cuota de responsabilidad en lo que ha sucedido. Afortunadamente, hoy el INDH y la sociedad civil cumplen el rol que cumplía la Iglesia antes. Hay un Estado más laico y eso es positivo. —¿Por qué? —Porque no puede depender todo de una organización, menos si está amparada en una sola persona. La Iglesia podría tener un rol más activo, pero carece de legitimidad.


Publicado originalmente en La Segunda

307 vistas