Fin a la modalidad de ingreso al país como turista para cambiar la situación desde aquí y exigencia de solicitud de visa en consulados en forma previa a la llegada son algunos de los aspectos más discutidos. Creación del Servicio de Migración resalta como lo positivo.
A una semana de la promulgación de la Ley de Migraciones y Extranjería, abundan las reacciones sobre el espíritu de la nueva normativa, sus enfoques, prioridades y vacíos, en un país donde viven 1,4 millones de migrantes -80 mil es la estimación para la Región de Valparaíso- y adonde la intención de ingresar no da señales de disminuir en el futuro.
Al suscribir el texto legal, en lquique, el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que su principal objetivo es «poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la ilegal».
Agregó que ayudará a facilitar la protección de los derechos de los chilenos y de los migrantes legales, pero, puntualizó, «no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes».
La iniciativa, que se tramitó durante ocho años y también pasó por el Tribunal Constitucional a requerimiento de 41 diputados del Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista, establece los derechos y obligaciones de los migrantes que arriben a nuestro país, entre ellos que quienes tengan la intención de vivir en Chile pidan previamente visa en los consulados y tengan cédula de identidad desde el primer día, mientras quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020 podrán acceder a un proceso de regularización digital que se va a informar.
Además, facilita las expulsiones administrativas por ingreso irregular al país -quienes lleguen como turistas no podrán cambiar su situación aquí- y crea el Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales para homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país, al centralizar el análisis, pero descentralizando la atención, orientación, inclusión y entrega de beneficios.
En cuanto al asilo político, el artículo 94 indica que se podrá conceder residencia «a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las circunstancias políticas predominantes en su país de residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena o ingresen al territorio nacional solicitando asilo, aun en condición migratoria irregular». Si se concede asilo provisorio, éste tendrá una duración de noventa días renovables, mientras los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, previo informe del Servicio de Migraciones, califican los antecedentes y circunstancias para la resolución definitiva.
«LA DESESPERACIÓN, LA ANGUSTIA Y EL MIEDO»
Al día siguiente de promulgada a ley, atendiendo a falsas informaciones que circularon en las redes sociales, cientos de extranjeros se aglomeraron a un costado de la Catedral de Santiago, con el objetivo de entregar solicitudes y regularizar su situación.
En una carta publicada en El Mercurio, el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomali, escribió: «Los llevó la desesperación, la angustia, la falta de información y el miedo (…) Lo más doloroso de toda esta lamentable situación es que el proceso migratorio en Chile ha revelado de cuerpo entero una cadena de situaciones anómalas y la hipocresía que la sostiene. Espero que esta nueva ley repare en algo el dolor que ha acarreado, especialmente en estos últimos años, para miles de migrantes».
«Los dejan entrar -recordemos los aviones provenientes de Haití que llegaban en la madrugada y el flujo de personas entrando por largos meses por el norte-, y cuando están aquí no se les ofrecen plenas garantías civiles ni laborales. Se les amenaza con expulsión, y así, en una aparente calma, cuidan a los enfermos o ancianos que nadie quiere cuidar, hacen labores de limpieza hasta altas horas de la madrugada, cosechan lo que irá a suculentas mesas, transportan alimentos bajo la lluvia o el calor infernal, en condiciones laborales deplorables, mal pagados, sin previsión. Y como si fuera poco, viven hacinados en lugares infrahumanos y caros», agregó el prelado.
POSIBLES EFECTOS DEL NUEVO ORDEN
En una entrevista en ADN, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Waleska Ureta, planteó que la ley «avanza en un aspecto muy importante» como la institucionalidad, pero no considera la realidad del continente y crisis humanitarias como la de Venezuela.
«Eso nos preocupa porque tenemos una migración, dada por la crisis humanitaria en Venezuela, que no necesariamente tiene la calificación profesional para optar a un trabajo o los vínculos, los contactos, para obtener una oferta laboral», argumentó.
«Las personas que vienen huyendo desde Venezuela, porque en su país no están las condiciones de vida y hay vulneraciones graves de derechos humanos, debiesen ser consideradas en calidad de refugiadas», expuso, enfatizando que la legislación debe contemplar aspectos como ese, porque «las restricciones de controles de fronteras sin asumir que hay una crisis humanitaria en uno de los países de la región» puede fomentar el tráfico de personas.
Más crítica fue la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile, que en una declaración pública planteó que «el Gobierno corona tres años de instrumentalización de la política migratoria y de discriminación de carácter racista contra las personas migrantes frente a la ciudadanía nacional, consolidando un relato donde iguala narcotráfico y delincuencia internacional con migración indocumentada».
En tanto, la directora del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni, opinó en Radio U. de Chile que la norma representa «la instalación en el discurso público de pensar la migración como un gran problema, como una suerte de amenaza a la seguridad nacional». Pese a valorar avances como un nuevo Servicio de Migraciones, agregó que la ley instala «la idea de una migración que es necesario controlar y la idea de cerrar las fronteras a los delincuentes y todo, es la criminalización de la migración».
Expuso asimismo que «exigir un contrato laboral a alguien que viene del trabajo doméstico, la agricultura, la construcción, es inviable. Eso lo único que genera es que agencias empiecen a negociar este tipo de contratos con un intermediador y facilitar el trabajo para las redes de bandas que empiezan a vender este tipo de ofertas».
A su juicio, las medidas que se están adoptando «van a incrementar después la irregularidad migratoria, que es un tremendo problema, porque la ley no permite y no entrega mecanismos eficientes para que esas personas puedan después regularizarse».
«DESINCENTIVA EL INGRESO CLANDESTINO»
Desde la otra vereda habló el martes 13, en Cooperativa, Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones -futuro Servicio Nacional de Migraciones-, quien sostuvo que la nueva ley incidirá en una baja de la migración irregular y dificultará el tráfico de personas.
«Los migrantes no deciden de un día a otro venirse a Chile u otro país», sino que «buscan las mejores condiciones, pero también quién entrega más facilidades para entrar de esa manera», señaló, y planteó que «si Chile se pone los pantalones y torna medidas que desincentivan el ingreso clandestino y el tráfico de personas, la cantidad de gente que ingresa en forma clandestina va a disminuir».
Argumentó que los flujos migratorios en el continente se relacionan con las señales que dan los estados. «Cuando la señal es que si tú ingresas clandestinamente te va a costar mucho insertarte, pero si quieres venir a ver a tu familia se va a priorizar la visa de reunificación familiar en los consulados, eso cambia un poco la lógica de las razones por las cuales vienen».
«También si Chile toma la decisión -y la tomó- de no aceptar que las personas no sinceraran las razones de ingreso en la frontera, y dijeran que venían como turistas cuando venían en verdad a trabajar, y hacemos un proceso ordenado y consular, mucho más rápido de lo que hay ahora, ayuda a la integración y a la cohesión entre nacionales y extranjeros, y a preparar a los gobiernos locales, a los municipios que reciben a estos migrantes», añadió.
Para Bellolio, la nueva ley «disminuye en forma considerable el concepto de irregularidad», es decir, personas que declaraban en la frontera venir como turistas y se quedaban a trabajar, pero al mismo tiempo arriesgaban ser víctimas de abusos al no contar con documentación. «Ese proceso ya cambió, tú ya no puedes venir como turista a Chile en la lógica del ‘turismo laboral’ a quedarte meses o años a ver si se genera alguna oportunidad».
«LO QUE MENOS HACE ES ORDENAR LA CASA»
Otra es la mirada de la diputada Andrea Parra (PPD), presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, quien remarca que «la migración es un fenómeno mundial que va a continuar independientemente de la ley, y en ese sentido la normativa entrega un marco más actualizado, pero también cae en idealismos que no se condicen con la realidad y que además pueden terminar incrementando la ilegalidad».
Contrariamente a lo que plantea el Gobierno, sostiene que «esta nueva ley lo que menos hace es ordenar a casa, porque en definitiva impone una restricción excesiva y poca flexibilidad en la tramitación de visas y en la regularización de migrantes ilegales. Eso lo que va a provocar es incentivar aún más la inmigración irregular». Y agrega que «las y los inmigrantes que estaban escapando de una realidad como la de Venezuela, donde su derecho de migración no forzada no existe, van a buscar todas las formas para su sobrevivencia y la de sus familias».
Además, señala, la ley quedó sin un procedimiento de retorno asistido de niños, niñas y adolescentes, porque el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional que se dejara en manos de la autoridad administrativa como lo contemplaba el Ejecutivo.
«Hay algunos aspectos que no nos gustan para nada, como que sea solo el Presidente quien fije la política migratoria, dejando al Consejo de Política Migratoria sólo como un órgano de carácter consultivo. Eso es más bien radicar la definición de la política migratoria en un nivel más político y menos técnico, cuando precisamente lo que queremos es todo lo contrario», expone.
«Uno aspira a que se evite el exceso de instrumentalizaciones y se aborde la migración como un fenómeno multisectorial, interministerial y con una dirección más bien horizontal», resume.
«AYUDA A QUE TENGAMOS UNA MIGRACIÓN ORDENADA»
Integrante de la misma comisión, el diputado Andrés Longton (RN) considera que la nueva normativa «es un gran logro, porque estamos hablando de una nueva ley completa de migración y extranjería en reemplazo de una que tenía más de 45 años y que no respondía al fenómeno migratorio de hoy».
Por eso, dice, «y por las políticas públicas mal implementadas del gobierno anterior, tuvimos, más allá de las alzas de inmigración que se empinaron por sobre un millón 400 mil personas, inmigrantes a quienes se les permitió cambiar las condiciones en que ingresaron al país, lo que generó hacinamiento, abusos laborales, precariedades y una violación constante de sus derechos humanos».
Longton destaca la creación del Servicio Nacional de Migración con una estructura descentralizada, la posibilidad de reunificación familiar y que se establezca «un resguardo robusto de las garantías de los migrantes», como también «reglas claras respecto del ingreso al país, es decir, el que viene a Chile tiene que sincerar el motivo previo a su ingreso, en el consulado correspondiente; ya no puede venir de turista y cambiar aquí su situación a residencia transitoria».
En su opinión el nuevo texto legal desincentiva el ingreso por pasos no habilitados porque considera expulsiones administrativas más rápidas, sin necesidad de iniciar una acción penal. «Además se incorpora una cantidad importante de delitos para efectos de las prohibiciones imperativas de ingreso al país, es decir, personas que no van a poder ingresar por ningún motivo, y también de prohibiciones facultativas, que van a quedar en alguna medidas entregadas al criterio de la autoridad administrativa, por ejemplo en casos de quienes presenten antecedentes falsos».
«Habrá mucha más restricción respecto al ingreso, obviamente bajo motivos fundados y establecidos en la ley, sobre todo personas con antecedentes penales o que vengan a nuestro país no a trabajar ni a desarrollarse, sino a delinquir», expone el parlamentario.
Plantea que todo lo anterior «ayuda a que tengamos una migración ordenada: el que quiera arraigarse en nuestro país va a venir con todo listo desde antes, ha ido al consulado, le han dado su visa y va a ingresara nuestro país: sabe a lo que viene y en qué condiciones viene, no viene a la vida. Fue un proyecto al que le dedicamos
mucho tiempo; hay que ver ahora cómo se implementa».
LA MIRADA DEL DIRECTOR DE MOVILIDAD HUMANA DEL OBISPADO DE VALPARAÍSO
«Se esperaba hace mucho tiempo una nueva ley y una nueva política migratoria porque teníamos prácticamente las normas más antiguas del continente», señala el sacerdote Pedro Nahuelcura, director del Departamento de Movilidad Humana del Obispado de Valparaíso y delegado del Instituto Católico Chileno de Migraciones, gestor de los dos centros de acogida para alrededor de 50 migrantes y del comedor que entrega diariamente alimento a más de 150 personas del barrio de su parroquia del Inmaculado Corazón de María, en la avenida Uruguay del Puerto.
«¿Que vemos de bueno? Que busca una modernización del sistema, que se entregan más recursos, facultades y herramientas modernas para poder enfrentar este fenómeno que es transversal y que durante la pandemia lo ha sido más aún», indica, y opina que comparativamente con otros países, como Perú y Colombia, donde los migrantes representan aproximadamente el 20% y 25% de la población, «nosotros solo estamos en el 6%, en algún momento el 7%». Hay aspectos que quedaron pendientes, añade, como el de los niños apátridas, que nacen en momentos en que sus padres están indocumentados, de modo que «quedan en tierra de nadie porque los consulados no los registran, el Estado tampoco». Y le preocupa que en algunos países las oficinas consulares puedan estar colapsadas ante la demanda por trámites de visas que ahora se exigen. «Queda abierta la duda de si nuestros consulados van a poder hacer el trámite para toda la gente que quiera migrar», observa.
Le inquieta además el acceso al estatus de refugiado para quienes vienen huyendo, «que antes era más sencillo documentar, y ahora creo que va a ser mucho más difícil», así como el grado de preponderancia que tendrá el consejo consultivo que venían trabajando las organizaciones pro migrantes.
«La movilidad humana es un tema transversal, hay muchos chilenos buscando fuentes laborales afuera, y acá hay ciertos nichos y ofertas laborales que el trabajador chileno no quiere tomar», recuerda, y ejemplifica con el caso de la salud pública donde migran-tes profesionales fueron llenando espacios y resolviendo problemas, tal como en la agricultura y el turismo, «en esta región especialmente donde son aportes muy bien recibidos».
Fuente: El Mercurio de Valparaíso.