Una plataforma del Servicio Jesuita a Migrantes
Claudia León y Linda Castro
Responsable de Educación e Interculturalidad y Programa Migración y Escuela Servicio jesuita a Migrantes, sede Antofagasta.
Opinión
/19 de enero 2021
Escuchamos que la niñez es lo primero, pero no siempre es una realidad y menos aún cuando se trata de niñez migrante. Si bien sus derechos, de forma discursiva, son una prioridad, en la práctica, el acceso a éstos depende en gran medida de su estatus migratorio, lo que genera un alto grado de vulnerabilidad.
Por décadas, el no tener un RUT implicaba que estos niños/as y jóvenes (NNJ) se encontraran con diversos obstáculos para acceder a la educación y otros sistemas de protección. Por ello, a través del tiempo se fueron creando identificadores provisorios como el RUT100 (2005) o el IPE (2017), los que se han instalado como medidas temporales, generando una ilusión frente al acceso a derechos y postergando una protección real e integral para ellas y ellos, cuestión que sólo se resolvería con una adecuada Ley migratoria.
Durante 2020, en un sector específico de la Bonilla, como SJM descubrimos 288 NNJ migrantes inscritos con IPE y en situación de irregularidad. Situación que vulnera sus derechos, porque a pesar de acceder a salud y educación, tienen pendiente su «reconocimiento legal» de pertenencia a esta sociedad -no cuentan con un RUT- y por esto no se pueden inscribir en el Registro Civil o en el Registro Social de Hogares y pierden el acceso a beneficios como la asignación familiar, el bono de aporte familiar permanente, y en instancias -como la pandemia y la cuarentena- no pueden acceder a las canastas JUNAEB, convirtiéndose en ciudadanos de segunda categoría, sin garantías al principio de igualdad y no discriminación.
Esta situación se agrava cuando cumplen 18 años aún cursando la educación media, pues aunque puedan graduarse con el IPE, no pueden regularizar su situación migratoria fácilmente y pierden el acceso a becas, créditos y gratuidad para la educación superior al no poder postular al FUAS (Formulario Único de Acreditación Socioeconómica). Muchos son los responsables de esta situación. En primer lugar, el Estado debe facilitar las estructuras y herramientas para que las instituciones involucradas puedan ejercer mejor su trabajo. En segundo lugar, los establecimientos educacionales y familias migrantes también deben interiorizarse sobre el proceso de regularización migratoria y los obstáculos que pueden existir. Y, finalmente, las organizaciones sociales migrantes y pro migrantes igualmente debemos seguir incidiendo para que no se vulneren más los derechos de la niñez y juventud migrante que viene a Chile en busca de un mejor futuro.
Fuente: El Mercurio de Antofagasta
Juan Antonio Ríos 1100, Arica
+56 582 277004 |arica@sjmchile.org
Avenida Bonilla 9198, Antofagasta
+5655224171073 | antofagasta@sjmchile.org
Lord Cochrane 104, Santiago de Chile.
+56 2 2838 7560 | info@sjmchile.org