En el marco de la discusión legislativa del actual proyecto de Ley de Migración y Extranjería, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se han señalado dos argumentos principales para rechazar el cambio de categoría migratoria: que la irregularidad migratoria que se ha observado los últimos años en el país ha sido producto de la posibilidad de cambiar de categoría migratoria dentro del país; y que países como Canadá y Australia cuentan con un muy bajo nivel de irregularidad migratoria gracias a que prohíben el cambio de categoría en su país, entregando permisos de residencia exclusivamente desde el exterior.

Sin embargo, como se desarrolla en este estudio, esos argumentos minimizan el análisis y son equívocos al momento de identificar los efectos de la existencia o prohibición de esta alternativa, como lo muestra este estudio con diversos datos. Al analizar la experiencia chilena se observa que han sido múltiples factores los que han incidido en el aumento de población migrante en situación irregular, siendo algunos de los más relevantes la demora excesiva en los procesos de tramitación de visados; una institucionalidad y legislación migratoria obsoletas frente a un contexto de mayor migración hacia el país; cargas excesivas para el empleador que desea formalizar un vínculo laboral con extranjero que operan como desincentivos a la contratación; falta de fiscalización a empleadores; y el aumento de ingresos de personas al país por pasos no habilitados como consecuencia del endurecimiento de requisitos de ingreso, entre los principales.

Por otra parte, las experiencias de Canadá y Australia no resultan equiparables al contexto chileno del todo, producto principalmente de diferencias geográficas que determinan los resultados de las políticas migratorias cuando pretenden frenar el ingreso de personas al país. Australia es un país que es considerado una isla, cuyas fronteras están rodeadas por el océano, mientras Canadá sólo limita con EE.UU. en una zona con características geográficas y climáticas adversas. Además, la política de Australia respecto de personas migrantes y refugiadas es considerada una de las más duras del mundo y ha sido condenada por ACNUR a partir de la vulneración de derechos humanos.

Para ampliar la evidencia internacional comparada, además de los casos de Canadá y Australia, se ha analizado a España, Italia, Portugal y Estados Unidos, estudiando el marco general de su legislación migratoria, así como la regulación específica del cambio de categoría migratoria, las políticas estatales que se promovido y la regularización de su población migrante. España y Portugal presentan un porcentaje de migración irregular menor al 5% y cuentan con una legislación y política migratoria que posibilita el cambio de categoría migratoria a los migrantes que ingresan como turistas a sus territorios. En el caso de España, se contempla el visado de residencia y trabajo que habilita la entrada y la estancia por un período máximo de tres meses en los cuales el titular debe iniciar su actividad laboral. En Portugal, en tanto, se otorgan visas a los migrantes que demuestren la inserción en el mercado laboral, de modo que los trabajadores migrantes tienen la posibilidad de regularizar su situación migratoria a partir de la demostración de sustento económico en el país.

Por otra parte, Estados Unidos e Italia prohíben el cambio de categoría migratoria y tienen un porcentaje de migración irregular más elevado. En el caso de Estados Unidos este supera el 20% y en Italia se estima que este porcentaje llega al 8% aproximadamente. Además, sus gobiernos se han caracterizado por aplicar medidas altamente restrictivas, las que han sido ampliamente sancionadas por ONG especializadas y organismos internacionales. Más aún, en Estados Unidos se ha podido observar que, a pesar de las políticas restrictivas, el número de migrantes cruzando la frontera de forma ilegal ha aumentado, fenómeno que se ha repetido en Chile durante el último año. En Italia, el reciente cambio de gobierno ha empezado a producir un giro en las políticas restrictivas, permitiendo llegar a acuerdos conjuntos con otros países de la Unión Europea.

El informe concluye que la propuesta emanada desde el Ejecutivo es insuficiente y los resultados estos años lo han corroborado: del total de ingresos clandestinos de la última década, el 50% se ha producido los últimos dos años con la nueva política migratoria del gobierno; han proliferado las redes de tráfico de migrantes en la frontera chilena y se ha perpetuado a la irregularidad a personas migrantes, lo cual tiene potencial desestabilizador en el mercado laboral (reducción de salarios para personas en situación irregular) y menores ingresos para el fisco. Debe existir una política migratoria que establezca requisitos y normas claras para el ingreso al país, pero que al mismo tiempo facilite la regularización a quienes permanecen dentro de él. Es necesario adecuarse al contexto político, geográfico, económico y social del país y nuestra región. Chile tiene más de 5.000 kilómetros de frontera terrestre, lo que dificulta el control de ingresos por pasos no habilitados.

A partir de las experiencias analizadas, la propuesta que se ha presentado desde la sociedad civil en Chile es el establecimiento de mecanismos de regularización y un permiso de permanencia transitoria distinto del turismo, que permita la búsqueda de oportunidades laborales con la posibilidad de realizar el cambio de categoría dentro del país al contar con contrato de trabajo, cumpliéndose ciertas condiciones.