Gretel y Carlos son un matrimonio venezolano joven, con estudios técnicos y experiencia laboral. Llegaron a Chile el año pasado buscando trabajo para consolidar su proyecto de familia en el país. Sin embargo, inmediatamente después de llegar, se enteraron de que la situación no era fácil pues hasta la fecha no han logrado encontrar un empleo, lo que les ha dejado en una situación de mucha precariedad y en la necesidad de tener que pedir dinero en la calle para sobrevivir. Actualmente viven acogidos por una iglesia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ambos tienen discapacidad auditiva y se comunican principalmente por lengua de señas. Su estado emocional no es el mejor, ha sido un año muy difícil y con poca claridad de cómo salir adelante. 

El caso de este matrimonio no es el único. Actualmente la ley migratoria en Chile tiene un vacío muy importante, aquellas personas que vinieron a Chile buscando oportunidades para una vida mejor para su familia por medio del trabajo, encuentran enormes barreras para lograrlo, pues en la mayoría de los casos para tener una visa de residencia se necesita contar con un trabajo con contrato, pero si se sale en busca de empleo las empresas, por desconocimiento, temor o falta de interés, solicitan que quien postula  tenga ya carnet vigente o incluso permanencia definitiva para ser contratado. ¿Entonces, cómo se hace para vivir mientras tanto? Esta situación afecta a muchas familias que residen en Chile, les excluye, les deja en un espacio en donde es fácil que sus derechos sean vulnerados, que caigan en irregularidad migratoria, que sean engañadas por redes criminales o que tengan que subsistir por medio de empleos informales, en precariedad laboral y con ello muchas veces criminalización. El sistema va precarizando sus vidas.

 Si le sumamos a esto la situación de discapacidad de algunas personas migrantes todo se pone más difícil; por más urgente que sea la situación, el sistema no hace distinciones. Tampoco se puede obtener credencial de discapacidad si aún no se tiene RUT, por lo que lograr la inserción laboral de personas migrantes con discapacidad y activar la red de apoyo institucional es un desafío enorme. Nada se puede hacer más que esperar o rogar por la benevolencia de alguna empresa que quiera contratar a una persona migrante con discapacidad y que pueda “esperarla” aproximadamente un mes y medio para que ésta obtenga su permiso de trabajo.

 Una de nuestras propuestas consiste en incorporar en el artículo que enumera las subcategorías de residencia temporal (art. 68)  de la nueva ley de migraciones una visa para personas en situación de discapacidad. Además, sería pertinente que el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) pueda revisar y flexibilizar las formas de acreditar discapacidad considerando la situación de las personas migrantes, permitiendo que puedan presentar otro documento de identidad como el pasaporte o la cédula del país de origen en la postulación.  

 Mientras tanto, si esto no sucede, vemos casos de personas trabajadoras como Carlos y Gretel, que representan a muchas familias esforzadas, llenas de voluntad por aportar y ser parte del desarrollo productivo de este país, que hoy están atrapadas en las fallas de un sistema sectorizado que no distingue la complejidad de la realidad social y las dinámicas de exclusión, que dificulta las condiciones de inclusión y que en muchos casos termina indirectamente vulnerando los derechos más básicos de las personas.