Aunque las autoridades insisten en destacar que en los últimos tres años hay menos migrantes en situación irregular en Chile, lo cierto es que no existen estadísticas oficiales que avalen tal afirmación. Los autores de esta columna, parte del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), comparten las respuestas que desde la Subsecretaría del Interior y la PDI recibieron por solicitud de transparencia, confirmando la carencia de cifras. Concluyen: «No podemos cerrar los ojos frente a un discurso sin evidencia oficial, que insiste en convencernos que la irregularidad migratoria hoy ha disminuido, sin que existan datos que lo comprueben».
Es constante el mensaje de las autoridades sobre una baja en la irregularidad migratoria en Chile desde 2018 hasta hoy. A partir de ese año, y en respuesta al aumento de población migrante en Chile, el gobierno viene tomando medidas para «poner orden en este hogar que compartimos», según palabras del Presidente Piñera[1]. El 9 de abril de 2018 se anunciaron iniciativas tales como un proceso de regularización extraordinario y la modificación de visados. Para ingresar como turistas, a las personas haitianas se les comenzó a exigir visa consular, medida extendida también a personas venezolanas a contar de junio del año siguiente. Esto responde a una gobernanza y gestión de la migración que también se ha dado en otros países de la región[2].
Las autoridades relacionadas con el tema migratorio señalan repetidamente que desde entonces ha existido una reducción global de la irregularidad migratoria en Chile[3][4]. Pero ¿es realmente así? Las únicas estimaciones entregadas pública y transparentemente desde el gobierno datan de 2018, con cifras de personas en situación irregular que iban entre las 300.000 y las 600.000[5][6][7]. No obstante, al proceso de regularización extraordinaria de ese año postularon solamente 155.483[8].
Para comprobar esta disminución de la irregularidad migratoria en Chile revisaremos las fuentes de datos oficiales. En solicitud de transparencia de abril de 2021 a la Subsecretaría del Interior consultamos el «n° de personas que se encuentran en situación irregular, o al menos una estimación», exponiendo que se buscaba conocer la fuente empírica que daba sustento a los discursos oficiales (en la misma solicitud citamos diversos discursos de autoridades en prensa).
La respuesta, con firma del director del Servicio Nacional de Migraciones, fue esquiva: «Lamentamos comunicar a usted que este Departamento [de Extranjería y Migración] no podrá acceder a su solicitud, toda vez que su función es garantizar el cumplimiento de la legislación de Extranjería vigente en el país, relativa al análisis y resolución de solicitudes de residencia definitiva o temporal, así como la expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile […] razón por la cual, la información requerida en su presentación escapa de la esfera de competencia de este Departamento […]. Sin embargo lo anterior, le informamos que el órgano encargado del control fronterizo de ingreso y egreso de extranjeros al territorio nacional es la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)».
Al consultar en la misma solicitud sobre el sustento de declaraciones de autoridades en torno a la disminución de irregularidad, se respondió que «los datos consultados son reportados a las autoridades del Estado justamente por ese órgano policial (PDI), los que sirven de base para las declaraciones a las que hace mención».
La consulta fue entonces derivada a la PDI. Su respuesta consignaba que «no es posible conocer la cantidad de extranjeros en situación irregular, debido a que tan solo se tiene registro de aquellos que son denunciados»; es decir, de quienes por medio de denuncia, autodenuncia o fiscalización, el organismo notiifica que han ingresado por pasos no habilitados (IPNH).
Esto quiere decir que ni en la PDI ni en el Servicio Nacional de Migración existe una estimación sobre el número de personas en situación irregular en Chile. El único indicador oficial disponible para que la comunidad conozca el estado de la irregularidad migratoria en Chile es el del número de personas que han ingresado por pasos no habilitados. Esto desestima de inmediato la insistencia de la autoridad de dar por ciertas estimaciones sobre el asunto que no han sido comprobadas por la estadística.
Ocupemos, entonces, el número de personas que ingresan por pasos no habilitados como una aproximación a la irregularidad migratoria.
TABLA 1
Ingresos por pasos no habilitados* entre 2010 y junio 2021, según año y nacionalidad.
(*)Cifra refleja la cantidad de denunciados a la autoridad administrativa producto de ingreso irregular (infracción artículo N°69 de Ley de Extranjería), ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia. Así, el ingreso puede haber sido en una región distinta a la de la denuncia.
Fuente: análisis del Área de Estudios de SJM, a partir de datos solicitados por transparencia a la Policía de Investigaciones (PDI).
Tal como expone la Tabla 1, año a año han aumentado los registros de la PDI sobre IPNH, incrementándose el 2018 (precisamente el año en que comenzaron las medidas administrativas migratorias del gobierno) por sobre los 6.000, para en 2019 superar los 8.000 registros. En 2019 comienza a incrementarse este tipo de ingresos entre personas venezolanas y haitianas, que son la/os ciudadana/os sobre quienes se han centrado las medidas migratorias de carácter más restrictivo. Así los registros de ingresos irregulares de personas venezolanas pasan de 7 en 2017 a 101 en 2018, y se elevan sobre los 3.333 en 2019. Los de personas haitianas, por su parte, pasaron de 19 en 2018 a 644 al año siguiente.
La crisis sanitaria en curso y el cierre de fronteras derivado de la pandemia han intensificado el total de registros de IPNH, llegando en 2020 a 16.848 y en 2021 (solo hasta julio) a superar los 23.600. De este modo, los ingresos irregulares del primer semestre de 2021 son 8,2 veces más que los registrados en todo 2017.
Los cierres de fronteras han sido necesarios para disminuir la propagación de COVID-19, y en buena hora se establecieron. Pero en paralelo también hemos visto los efectos de medidas de Extranjería y de la institucionalidad migratoria que han restringido la migración regular, con una ausencia de estrategia para hacernos cargo como país de las personas que enfrentan crisis humanitarias, como es el caso de quienes provienen de Venezuela y Haití. Para el 30 de junio de 2021, y según datos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, si bien se ha otorgado un 84% de las solicitudes de Visas de Reunificación Familiar para población haitiana (desde abril 2018), solo han sido concedidas un 14% del total de solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática para personas venezolanas.
Podría suponerse entonces que este impedimento de ingreso por la vía regular ha sido acompañado de un aumento de la migración irregular. Respecto a personas de Venezuela, en 2020 superan las 12.900 que ingresaron por pasos no habilitados, aumentando a 17.900 hasta julio de 2021. En el caso de quienes vienen de Haití, ascienden sobre los 1.000 en 2020 y a 800 hasta julio del 2021.
Así, entre 2017 y 2020 hubo un aumento de un 143.622% de los ingresos por pasos no habilitados de personas venezolanas; y de 8.975% en el caso de las haitianas. Estas cifras contradicen ampliamente el mensaje oficial en torno a la baja y control migratorio observado los últimos tres años en Chile.
La misma Tabla 1 expone que medidas similares, como la exigencia a personas dominicanas de visa consular para ingresar a Chile en 2012, acarrearon un aumento de 3.078% en los IPNH de ciudadanos de tal origen entre 2012 y 2015.
Se da entonces un aumento sin precedentes de ingresos irregulares, siendo éste el único indicador transparente y oficial que permite indagar si acaso la irregularidad, en general, ha disminuido con las medidas actuales en materia migratoria. Hay que recalcar los riesgos asociados a este tipo de ingresos, dentro de los que se encuentran el tráfico y la trata, como también pérdidas de vidas humanas. Solo entre enero y agosto de 2021 ya han muerto once personas buscando ingresar[9].
Como Servicio Jesuita a Migrantes trabajamos por una migración segura, ordenada y regular. Creemos que las medidas migratorias responden a asuntos que exceden la seguridad nacional, y requieren ser tratadas de manera coordinada entre Estados. Es imperante que Chile adscriba al Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Consideramos la irregularidad migratoria un tema que afecta a la dignidad humana. Como ciudadanos e investigadores, no podemos cerrar los ojos frente a un discurso sin evidencia oficial, que insiste en convencernos que la irregularidad migratoria hoy ha disminuido, sin que existan datos que lo comprueben.
Frente a la ausencia de una estimación oficial sobre la totalidad de personas migrantes irregulares en Chile, es fundamental que el Servicio Nacional de Migraciones convoque a una mesa de trabajo para acercarse, en conjunto con otros organismos del Estado, a las cifras reales de irregularidad.
Asimismo, es imperioso que el Estado de Chile ocupe los instrumentos que posee el país para una migración segura, ordenada y regular, como el otorgamiento de visas y de refugios para los casos más urgentes, especialmente para quienes hoy provienen de Venezuela. Tal como ya lo ha hecho Colombia, urge que nos hagamos cargo de una situación humanitaria que afecta a otros países y que provoca una migración forzada que debe ser entendida como tal. Por último, y frente a la escasa información pública para dar una solución a las consecuencias de la migración irregular, instamos a que el gobierno convoque a los actores locales a establecer soluciones de corto, mediano y largo plazo para abordar las situaciones humanitarias que conlleva esta migración irregular.
NOTAS Y REFERENCIAS
