Leidy Pérez decidió huir de Venezuela con su hijo Alexis, que tiene un año y dos meses, porque allá no tenía como mantenerlo ni darle educación o alimentación. El padre de Alexis los abandonó cuando tenía dos meses, por lo que es ella la única que hoy da la pelea por darle un lugar seguro donde vivir y crecer. En Chile la espera una prima, que la ha apoyado económicamente para poder hacer el viaje que le ha tomado cerca de 10 días. Al momento de llegar al paso de Chacalluta, en la frontera de Tacna y Arica, no les dejaron pasar hacia Chile por no contar con un permiso en que el padre de Alexis le autorice a hacer el viaje. Llevan dos días en la frontera sin poder entrar a Chile. Leidy está cansada, estresada y preocupada por su hijo que está con gripe y tos. Ya ha intentado dos veces entrar al país sin resultado. No sabemos cuánto más esperará.

Hoy hay más de 4 millones de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo provenientes de Venezuela en el mundo, que están huyendo de su país porque la crisis humanitaria y política se ha convertido en una amenaza para su vida, seguridad o libertad. Hay quienes han podido desplazarse a otros países sin mayores dificultades, pudiendo insertarse laboralmente y asegurar la vida de su familia. Pero hay cientos de miles que salen de su casa con lo puesto, sin recursos ni contactos, que deben optar por rutas largas y muchas veces inseguras, y que se encuentran con barreras en las fronteras como le sucedió a Leidy y otras 200 personas que hasta ayer llevaban días esperando algún milagro para entrar a Chile por Chacalluta.

Muchas personas venezolanas están solicitando asilo en los países a los que llegan. El derecho que toda persona tiene es a que el Estado estudie su caso, para que determine si se reconoce o no la condición de refugiada. Sin embargo, hay muchos casos en que se niega incluso la posibilidad de formalizar una solicitud de asilo y son rechazadas en la frontera. Durante el año 2018, en Chile se formalizó la solicitud de asilo de 1.666 personas venezolanas y se reconoció la condición de refugiada a sólo a 25. El Gobierno de Chile ha respondido a la situación de Venezuela con una Visa de Responsabilidad Democrática; sin embargo, para marzo de este año, ya se habían solicitado más de 98 mil visas de responsabilidad democrática y en total se habían otorgado menos de la tercera parte.

​En Chile, la Ley 20.430 sobre protección de refugiados, en la misma línea de la Declaración de Cartagena de 1984, establece que tienen derecho a que se les reconozca la condición de refugiadas todas las personas que hayan huido de su país al verse amenazada su vida, seguridad o libertad por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.  El contexto en Venezuela se enmarca en varios de estos supuestos: no están migrando por un trabajo o por estudios, están escapando de una dictadura. En el Día Mundial del Refugiado, resulta fundamental qué posición tomará el Estado de Chile: si respetará el derecho a solicitar asilo, o si se levantarán barreras a quienes vienen huyendo de la crisis. En el marco de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, justamente a Venezuela, sería acertado que Chile confirmara con hechos concretos su compromiso con el resguardo de los derechos humanos, reconociendo la condición de refugio a quienes provienen de Venezuela.