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José Tomás Vicuña SJ

Deportaciones: engaños e ilegalidades

19 de diciembre de 2019

María es una mujer venezolana que vivía acá con su esposo hace 8 años. Tienen una hija venezolana de 5 años y otra chilena de 3 meses. El jueves por la tarde fue la última vez que se vieron. A su marido (Juan) lo llamó la Policía de Investigaciones para “actualizar sus papeles”. Cuando llegó fue detenido y al día siguiente, a primera hora de la mañana, deportado a Venezuela.


María actualmente no trabaja, tiene visa en trámite y ahora está a cargo de dos niñas, sin saber cómo obtendrá alimentos o pagará el costo mensual del arriendo. Su marido había cometido un delito; el ingreso por paso no habilitado, pero el Estado incumplió una garantía al deportarlo: el debido proceso. El Decreto Ley N° 1.094 de Extranjería, en su artículo 69 sólo autoriza la expulsión de los extranjeros que hayan hecho ingreso al país por un paso no habilitado “una vez cumplida la pena impuesta”. Acá, como en la gran mayoría de los casos de deportaciones, no ha habido pena.

 
A lo anterior se suma un agravante. En muchos casos se han separado familias. ¿No le parece contraproducente establecer Visas de Reunificación Familiar por parte del gobierno y al mismo tiempo estar quebrando familias por años? Más aún cuando personas deportadas tienen hijos o hijas chilenas. Juan, una persona con ocho años en el país, sin antecedentes penales, con hija chilena, se le deporta sin más. Hoy está a miles de kilómetros de su familia.


Para el caso particular de Juan, se suma además que su retorno es a Venezuela. Un país donde el actual gobierno estuvo por más de un año hablando de la constante violación a los derechos humanos, donde organismos internacionales han sido enfáticos al respecto. Esta situación es precisamente la que ha motivado a todos ellos a buscar desesperadamente la forma de ingresar a nuestro país, en el que han visto una esperanza para desarrollar sus proyectos de vida, de trabajo y de familia. 


Para peor, el día de la deportación se hace un punto de prensa para mediatizar la acción “justo” el día en que la ONU hizo público su informe señalando que “se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” ¿Se quería desviar la atención?


Para nada se trata de justificar el ingreso por pasos no habilitados, pero otra cosa es que el gobierno no esté acertando con la política de Visas Consulares. De hecho los ingresos por paso no habilitado pasaron de 9 personas el 2017 a 2.876 a octubre de 2019 (¡sólo para el caso de venezolanos!). Eso habla de desesperación por vivir y de una mala política migratoria. Es más, del total de ingresos por pasos no habilitados entre 2010 y 2019, el 50% se cometieron los últimos dos años. Son los efectos de una política que quiere funcionar en la teoría, pero que hace agua en la práctica. 


En el Servicio Jesuita a Migrantes nos tocó conocer la semana pasada además el caso de otra familia que vivió algo similar a lo de Juan y María. El día jueves pudimos presenciar una vez más cómo no se garantizaron los derechos humanos. En particular nos tocó acompañar un caso en que un padre iba a ser deportado y su esposa la habían citado para lo mismo. Ambos tienen dos hijos acá. Acudimos a la PDI y no nos dejaron hablar con el detenido y nos quisieron echar. Más tarde volvimos con el recurso de amparo que fue acogido en tribunales y no lo querían liberar.  Se le engañó al momento de ir a buscarlo, se le negó el derecho a reunirse con su familia, se nos expulsó de la PDI sin motivo justo, no se quiso acoger por varias horas el recurso de amparo que señalaba su liberación.

 

Ya en distintas ocasiones ante casos de órdenes de expulsión, desde el Servicio Jesuita a Migrantes hemos presentado recursos de amparo y la Corte Suprema las ha revocado, pero el Ministerio del Interior continúa con la práctica. Por lo tanto vemos engaños (ahora llaman, antes enviaban mensajes de whatsapp), falta del debido proceso y desproporcionalidad de la medida, de manera constante hace meses. Una política que no ha “ordenado la casa”; más bien ha desordenado la frontera. No estamos en contra de la deportación, sino a favor del debido proceso y garantía de los derechos humanos. La práctica del engaño e imposibilidad de reunirse y comunicarse con familiares es reiterada. 


En menos de un mes, distintos organismos internacionales han señalado que en Chile han ocurrido violaciones graves a los derechos humanos. En un contexto de Navidad, podemos volver a repetir las razones que se le ofrecieron injustamente a José y María para que no tuvieran a Jesús: “no había lugar en la posada”. Fue injusto con ellos, es injusto con tantas familias que se les engaña hoy. Venían en busca de esperanza a Chile, pero el Estado les dejó sin su familia y los trató sin dignidad. Hoy más que nunca debemos garantizar los derechos humanos y el Estado se encuentra al debe.

Columna publicada en La Mirada Semanal

Director Nacional SJM Chile