De acuerdo a una resolución de la Junji, están en primer lugar para ingreso automático. La institución dice que están revisando el convenio.
La Contraloría General de la República deberá resolver un conflicto jurídico que se ha generado en varias comunas del país por la resolución exenta N° 015/0619, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), del 26 de septiembre de 2019, que incluye un procedimiento de priorización de los menores inscritos, acorde a los criterios institucionales.
Se trata del manual de programa de transferencia de fondos para entidades sin fines de lucro que creen, mantengan o administren jardines y salas cuna. En el documento hay un cuadro en el que se establece, en primer lugar, el ingreso automático de determinados niños o niñas, entre los cuales se contemplan aquellos casos de situación irregular de inmigración. Esto implica el ingreso directo independientemente de la caracterización socioeconómica del Registro Social de Hogares, sistema de información para apoyar los procesos de selección de beneficiarios de programas sociales. En noveno lugar, previa caracterización socioeconómica, está el inmigrante regular, postergandose al tercer lugar, previa evaluación socioeconómica también, a quienes pertenezcan a hogares monoparentales o pueblos originarios.
En la comuna de Santiago -que tiene cerca de 600 mil habitantes- la normativa ha causado algunos problemas por las listas de esperas que hay en los recintos que administran. Ello, considerando que el 50% de la población de esta comuna son inmigrantes, y porque están obligados a cumplir con los criterios de priorización. La lista de espera en jardines y salas cuna es de dos mil menores.
Tras analizarse la situación en una reunión en el municipio, el concejal de Santiago, Alfredo Morgado, recurrió a la Contraloría, donde interpuso un reclamo por ilegalidad para que se realizara un pronunciamiento jurídico.
«Lo expuesto constituye una discriminación arbitraria, que, además de afectar a los connacionales, constituye un desmedro en perjuicio de inmigrantes regulares, otorgando el ingreso automático a quienes son irregulares, en forma absolutamente independiente de los criterios de vulnerabilidad económicos, sociales o familiares. Así se posterga a quienes se les exige primero imperativamente pertenecer a los tres primeros tramos de la caracterización socioeconómica del Registro Social de Hogares. Esto corresponde al 60% de los hogares que requieren mayores aportes del Estado por vulnerabilidad», aseguró Morgado.
A su juicio, se vulnera el artículo de la Constitución, en cuanto establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, además del artículo 19 N° 2, referido a la igualdad ante la ley, que implica que en Chile no hay persona ni grupos privilegiados.
Junji evalúa convenio
Desde la Junji se explicó que están analizando el convenio. «Entendemos y compartimos la preocupación de las autoridades municipales por entregar educación de calidad al mayor número de niños y niñas de su comuna, y en nuestro caso, del país. La misión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles es entregar educación de calidad a los niños y niñas más vulnerables de Chile. Es por esto que anualmente Junji realiza una revisión y actualización de los procesos y criterios de priorización», afirmó Adriana Gaete Somarriva, vicepresidenta ejecutiva de Junji.
Para la institución, «la situación migratoria de Chile ha cambiado sustancialmente desde el año 2007, por lo que estamos trabajando y realizando una revisión a este convenio para ajustarnos a la realidad actual, siempre poniendo al centro el interés superior del niño«, añadió Gaete.
RM concentra los mayores casos
De acuerdo a estadísticas de la Junji, en 2019 había aproximadamente 795 párvulos matriculados en situación irregular de inmigración o familia refugiada en todo el país. Lo que corresponde a 0,96% del total de la matrícula, que atiende a 82.247 menores a nivel nacional.
La institución atiende a 4,1% de niños migrantes, tanto en situación regular como irregular. Además, hay un número importante de párvulos chilenos que son hijos de padres extranjeros y, por eso, durante 2019 el 12% de los apoderados eran extranjeros.
En la Región de Arica y Parinacota hay 46 niños de padres de inmigrantes irregulares en párvulos. La cifra es baja si se considera el alto número de ingreso de extranjeros por pasos no habilitados. Los inmigrantes regulares son 117 y los chilenos, 2.670, según datos de la Junji.
En la Región de Antofagasta, en tanto, hay 74 inmigrantes irregulares, 157 legales y 3.060 chilenos.
En la Región Metropolitana la cifra es más alta: 138 menores de padres de inmigrantes irregulares están en párvulos, 793 migrantes regulares y 24.675 chilenos.
Se considera como referencia el 2019, ya que no se levantaron todos los datos durante 2020 por la situación de pandemia.
Debido a la contingencia sanitaria que vive el país, el proceso de inscripción y matrícula 2021, que se inició durante noviembre del año pasado, recibió un número menor al histórico en cuanto a postulaciones, y es por esto que hasta hoy está abierto para la inscripción de párvulos.
– CUPOS
El 31de marzo se cerrará el proceso de priorización de niños y niñas. Luego de esa fecha se conocerá si es que hay cupos disponibles o listas de espera según jardín infantil. Hasta el 12 de marzo había 16.737 cupos disponibles en jardines de administración directa y 2L128 en jardines VTF (vía transferencia de fondos) a lo largo de Chile.
– Apoderados de niños sin cupo cuestionan criterios
La falta de cupos en los recintos de la Junji ha generado complejidades. Es el caso de Evelyn Saa (30), quien vive en Concón. La mujer, que es madre soltera y se desempeña en una notaría, señala que quedó en lista de espera y que «no estoy con el apoyo del papá y trabajo todo el día. Pensé que por la pandemia habría cupo y me complica, porque a mi hijo (2 años) lo tengo que dejar con mis padres, que son adultos mayores». Comenta que «les han dado prioridad a niños extranjeros, pero ellos no son los responsables. Acá el tema es que deberían existir más jardines infantiles«.
En Quilicura, una de las comunas con alta población inmigrante, el alcalde Juan Carrasco plantea sobre la Junji: «Es la responsable del sistema. Nosotros prestamos los apoyos posibles, pero la demanda es más grande que eso».
Jeannette Pedreros (28), madre soltera cuyo hijo de dos años quedó en lista de espera, narra su caso en Quinta Normal: «Me despidieron en enero y estoy cesante, y no he podido encontrar jardín. Pensé que quedaría priorizado, y cuando llamé a la Junji me dijeron que era como una tómbola y que tenía que esperar».
Andrea Ahumada, directora ejecutiva de la Corporación para la Infancia de Santiago, sostiene que «tenemos dos mil cupos y una lista de espera de 1.500 más. La realidad es dramática, porque estamos dejando fuera a casi la misma cantidad de niños que recibimos«.
Afirma que «la principal dificultad es que Junji se quedó desactualizada», pues «un niño que se encuentra en situación irregular de migración ocupa un cupo automáticamente«, lo que a su juicio era lógico en la época de boom migratorio, pero «hoy tenemos una variedad de familias migrantes diversas con realidades muy distintas».
Fuente: El Mercurio