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Comunicado sobre crisis fronteriza y desplazamiento forzado de personas venezolanas

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil nos unimos para comunicar nuestra postura frente a la situación humanitaria en que se encuentran las personas desplazadas por la crisis de Venezuela

Comunicado:

Durante la última semana hemos visto como cientos de personas provenientes de Venezuela que han intentado ingresar a Chile por el complejo de Chacalluta, han sido rechazadas en la frontera de nuestro país por distintos motivos: niños, niñas y adolescentes que no cuentan con toda la documentación requerida, personas que no portan un visado otorgado previamente en un consulado chileno en el exterior, o solicitantes de asilo que ven denegada la posibilidad de que su caso sea estudiado, entre otros. Esto ha provocado que cientos de personas que escapan de la crisis venezolana deban pasar días y noches en el paso fronterizo Tacna-Arica, y también en el de Colchane-Pisiga, sin una solución y en condiciones alarmantes especialmente en el caso de mujeres embarazadas, lactantes, niños y adultos mayores.

 

Hoy es evidente que la crisis en Venezuela ha traspasado los límites de ese país, estando presente en toda la región. Eso supone la necesidad de dar una respuesta articulada entre los distintos países y no tomar medidas particulares cuya consecuencia sean más rechazos en las fronteras a quienes huyen de la crisis. El Gobierno de Chile ha dispuesto la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) como respuesta a la situación. Sin embargo, pese a ser una buena iniciativa, no ha sido suficiente: del total de personas venezolanas que han ingresado a Chile el último año, menos de un 20% lo ha hecho por esa vía; hasta el momento la tramitación de la visa suele demorar entre 5 y 8 meses en los consulados; y del total de VRD solicitadas entre abril de 2018 y marzo del 2019, se aprobó menos de un tercio. La gran mayoría ha venido entrando como turista: sabemos que no son turistas, pero también sabemos que huyen de una crisis y no tienen alternativa.

 

Hemos recibido información de personas de Venezuela que solicitan refugio en la frontera y reciben una negativa inmediata. Esto infringe lo establecido por la Ley N°20.430 sobre Protección de Refugiados, que en su artículo segundo señala que tendrán derecho a ser reconocidos como refugiados quienes “hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país.” La situación en Venezuela se condice claramente con más de uno de estos supuestos, por lo que el Estado de Chile debe al menos respetar el derecho a solicitar asilo y estudiar cada caso según el procedimiento que establece la ley, debiendo pronunciarse la autoridad competente y no un funcionario en frontera.

 

Se ha sostenido por parte de voceros del Gobierno que la exigencia de contar con visas obtenidas fuera del país antes de entrar a Chile responde a transparentar los motivos de ingreso y a resguardar los derechos de las personas venezolanas. Cuando estas condiciones se traducen en la negativa al derecho de solicitar refugio, en la exigencia de documentos que las personas no tienen cómo conseguir, o en la devolución y rechazo en las fronteras, queda de manifiesto que son medidas que vulneran sus derechos. Pese a lo anterior, instamos a las personas de Venezuela a ingresar siempre bajo alguna de las modalidades que permita la normativa chilena (Visa de Responsabilidad Democrática, Visa Consular de Turismo o solicitando asilo, entre otras), evitando exponerse a situaciones que pongan en peligro su vida. En los casos de mayor complejidad, se deberá solicitar a las autoridades respuestas particulares para esas situaciones.

 

Las organizaciones de la sociedad civil esperamos que los Estados de la región den una respuesta articulada y acorde a la situación de las personas venezolanas. No son personas invadiendo países, sino familias que buscan sobrevivir. Si bien se valoran los esfuerzos realizados desde los consulados por dar respuestas oportunas, hoy en especial desde Tacna, vemos que ante esta situación extraordinaria los Estados deben adoptar en conjunto medidas extraordinarias, que se adapten a la situación que viven las personas que requieren protección, en lugar de imponer requisitos que no todas tienen posibilidad de cumplir.

Organizaciones adherentes:

Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI)

Servicio Evangélico Migrante

ONG Migramigos

América Solidaria

Fundación Superación de la Pobreza

Espacio Público

Fundación Avina

Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)

Compañía Hijas de la Caridad

Migrafest Festival Intercultural

Fundación Vivienda

Corporación Nuestra Casa

Foro Académico Migratorio, Mesas Temáticas del Senado

Vicaría Pastoral Social Caritas

Asociación Venezolana en Chile

Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Good Neighbors

Fundación Regazo

Red Voluntarios de Chile

Fundación Colunga

Fundación Derriba Fronteras

Comité Salud y Migración Colegio Médico de Chile

Universidad de Santiago de Chile

Priem, Universidad Alberto Hurtado

Centro Fernando Vives, U. Alberto Hurtado

Centro Universitario Ignaciano, U. Alberto Hurtado

Clínica Jurídica de Migrantes, U. Alberto Hurtado

Observatorio de Desigualdades, U. Diego Portales

Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, U. Diego Portales