El Catastro Nacional 2020-2021 lanzado por la fundación, además, revela que más de 81 mil familias viven en asentamientos, un alza sobre el 70% en comparación a 2019.
El 1 de marzo, en medio de un ‘súper lunes’ cruzado por la pandemia, dirigentes de campamentos protestaron en 13 puntos de Santiago, exigiendo una solución concreta a la alarmante situación de vivienda del país. Entonces, se estimaba que las 47 mil familias registradas en el último informe del Minvu, en 2019, habría crecido a 70 mil tras el estallido y la pandemia.
Sin embargo, el catastro lanzado hoy por TECHO-Chile da cuenta de que la realidad es peor: 81.643 familias en Chile viven en campamentos (73,52% más que en 2019) y el número de asentamientos creció de 802 a 969 (20,32%), el dato más alto del que se tiene registro desde 1996.
«Las cifras se encuentran vinculadas con el déficit habitacional, es decir, las más de 500 mil familias que hoy requieren una vivienda. No podemos olvidar que 8 de 10 familias que llegan a vivir a un campamento antes vivían de allegados, en condiciones de hacinamiento o de arriendo informal. Un campamento invisible», dice Sebastián Bowen. «Este déficit, que algunos estiman que supera las 700 mil viviendas, nos muestra que la política habitacional o el sistema de vivienda actual se agotó (…) Y que en un país el campamento sea solución, significa que la injusticia está ganando la pelea», añade.
Por lo mismo, es enfático al afirmar que si bien el estallido y la pandemia agravaron la realidad -77 campamentos surgieron en este contexto-, el problema es anterior, y «se necesita un giro radical en la forma en que lo enfrentamos, porque sino no se resolverá ni en 30 años».
Dónde están y cómo viven
El catastro revela que el aumento -tanto en la cantidad de familias como de campamentos- es significativo casi en todo el país. Sin embargo, 4 regiones tuvieron alzas alarmantes: Arica y Parinacota, donde la cantidad de familias creció un 234,25% y los campamentos un 42,86%; Metropolitana, que registró un aumento de un 224,55% en cantidad de familias y de un 53,33% en campamentos; La Araucanía, que en número de familias creció en un 315,38%, mientras que en campamentos un 128,57%, y Valparaíso, donde las familias variaron en un 112,35%, mientras que los campamentos en un 24,31%.
En cuanto a las condiciones de vida de los campamentos, a nivel nacional, sólo un 6,72% accede al agua de manera formal y un 31,27% a través de camiones aljibe. Por otra parte, un 60,13% accede a electricidad a través de conexiones informales, mientras que sólo un 19,94% cuenta con electricidad para cada una de las viviendas, con medidor formal. Finalmente, 43,7% de los asentamientos accede a servicios sanitarios por medio de pozos negros, acequias o canales, mientras que un 34,42% lo hace conectándose a fosas sépticas (27,39%) o a la red pública formal (7,03%).
Los motivos del aumento
A inicios del 2000, desde TECHO «se convocó a la sociedad a trabajar por un 2010 sin campamentos». Si bien muchas familias obtuvieron una solución habitacional, explica Bowen, «no nos percatamos de que tan importante como terminar con los campamentos y el hacinamiento era evitar que nuevas familias vivieran en esta condición. Pusimos la mirada en la cura, y era clave acompañarla de prevención. Mirábamos pocos tipos de solución, sin darnos cuenta de que las familias aumentaron y se diversificaron«.
Tres puntos, dice, explican el aumento: en primer lugar, el alza en la demanda de vivienda, que además se complejizó. «¡En el último llamado al fondo solidario de vivienda postularon más de 200 mil familias para un total de 3000 cupos! O sea, más de 197 mil familias que necesitaban vivienda, vulnerables, se pusieron en la fila y quedaron frustradas. Con este nivel de respuesta la olla a presión no aguanta», dice Bowen.
En segundo lugar, esto generó una fuerte demanda sobre el suelo, haciendo aumentar su precio. «En un contexto de planificación urbana en la que el poder adquisitivo es el principio ordenador de las ciudades, la población más vulnerable termina viviendo donde nadie más quiere vivir», agrega. Finalmente, muchas de las soluciones del pasado significaron «viviendas pequeñas, de mala materialidad y altamente segregadas». Es decir, «una política habitacional que no se considera como política social y, por tanto, insostenible en el tiempo, ya que familias que se habían ido al sueño de su casa propia, terminaron viviendo en medio de pandillas, lejos de las oportunidades que dan las ciudades».
En TECHO apuntan a que Chile debe terminar con el déficit habitacional de acá al 2025. ¿Cómo? «Elaborando como sociedad la ruta para un déficit cero, en la que vemos al menos 3 obstáculos a enfrentar«, asegura Bowen. «El financiero: no basta con duplicar los recursos, debemos buscar la forma de construir un fondo de respuesta habitacional que sea 20 veces los montos disponibles actuales. Luego, la gestión, permitiendo que nuevos actores puedan articular la oferta habitacional con la demanda, y que nuevas soluciones y proyectos se puedan implementar. Y finalmente el suelo, en donde el Estado es crucial como gestor de este, disponibilizando con inteligencia y planificación de terrenos consolidados o con prospectiva de buena consolidación para fines sociales».
>>Allard: «Los factores del cóctel mortal«
Tras el 18-O, el decano de Arquitectura UDD, advirtió que el próximo estallido sería la crisis de acceso a la vivienda. Pero jamás imaginó las cifras presentadas hoy, un retroceso que, explica, representa cómo «en los últimos 12 años se perdió la focalización en las familias más vulnerables y en los campamentos». A ello suma el terremoto de 2010, que «generó un retroceso de 4 a 5 años en el déficit habitacional».
Para el también director del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el aumento se explica por cuatro factores que «se cruzan en un cóctel mortal». Primero, la escasez de suelo y el aumento de su valor «que hace más difícil el acceso para los grupos vulnerables» y también afecta a las clases medias «por lo que muchas familias que hoy llegan a campamentos no necesariamente vienen de la calle».
Segundo, el covid, que «para muchos significó perder su empleo y, por lo tanto, no poder seguir pagando arriendo o donde vivían de allegados. Además, en el hacinamiento, el temor al contagio hizo que familias allegadas sean expulsadas». El tercer factor, ‘aún marginal’, es la llegada de migrantes y «el porcentaje de ellos que no tiene acceso a una red de protección que les dé acceso a una vivienda digna«. Y finalmente, apunta al surgimiento de mafias, «lotificadores irregulares que lucran a partir de organizar y cobrar a las familias por ocupar terrenos fiscales o de terceros».
-¿Ve posible un cambio?
-Las señales que ha dado el Gobierno son las adecuadas. Primero, el presupuesto histórico anunciado, de más de US$ 2.500 millones para los próximos años al Minvu, es un impulso importante. Por otro lado, la creación de un ‘Banco integrado de suelos’ permite generar proyectos en terrenos bien ubicados, públicos, donde se puedan construir viviendas de bajo costo.
Y agrega:
-Para no ser tan pesimistas, Chile tiene la capacidad, porque lo ha hecho, de acelerar la máquina y entregar del orden de 60 mil a 70 mil soluciones habitacionales al año. De ser así, todavía podemos aspirar a ser el primer país en el sur global, en garantizar acceso universal a la vivienda.
>>Henoch: «21% de las familias llegó por baja de ingresos o desempleo«
Para Paulina Henoch, de LyD, las cifras preocupan porque muestran que la crisis social y sanitaria afecta principalmente a las familias más vulnerables. Y pone el énfasis en los niños -57.384 menores de 14 años viven en campamentos según el catastro-: «Si queremos avanzar en generar más oportunidades para todos, son necesarias políticas públicas que eviten que sigan existiendo tomas ilegales y buscar más soluciones para las familias que ya viven ahí».
-En los 90′ y 2000 el número de familias en campamentos caía de la mano de una economía que crecía. Ahora vemos lo contrario.
-En épocas de bonanza económica hay empleo y más oportunidades. El catastro 2019 del Minvu mostró que aproximadamente un 21% de las familias que llegaron a los campamentos fue por baja en el ingreso o pérdida del empleo.
-¿Cuánto está influyendo en este fenómeno el menor dinamismo en el mercado laboral? ¿Qué hacer en ese aspecto?
-Este es un problema que comprende múltiples variables y una de ellas es el empleo. Más allá de una política puntual y necesaria en el área laboral, se requiere avanzar en evitar la deserción escolar, buscar otras soluciones, especialmente si estos campamentos se localizan en zonas de riesgo por derrumbe, incendio o inundación.
–Según Techo, 2 de cada 3 familias en la región de Antofagasta son migrantes. En la Metropolitana la cifra es de 57%.
-Es importante profundizar si existen otras barreras por las cuales los migrantes no pueden acceder a la vivienda. En el catastro del Minvu se evidenciaba que un 31% de la población llegaba a los campamentos por el costo de los arriendos.
>>Mundaca: «El tema se ha ido diluyendo en la discusión pública«
‘Grave y urgente’, así define Pía Mundaca, Directora Ejecutiva de Espacio Público, la realidad de las cifras entregadas hoy. «Estamos hablando de un aumento sustancial en la cantidad de familias que viven en condiciones infrahumanas. Hay mucha precariedad asociada a la decisión’ de vivir en un campamento», explica.
Sin embargo, para la ex Directora Social de TECHO, el aumento no es nuevo. «Viene sucediendo, al menos, hace una década. Por eso, la pandemia termina siendo un acelerador de una tendencia«, añade.
Mundaca recuerda que a inicios de los 2000 el desafío de terminar con los campamentos ocupó gran parte de la discusión pública. Sin embargo, con el paso de los años esa motivación cambió. «El tema se ha ido diluyendo en la discusión pública (…) Me gustaría creer que con estas cifras vamos a volver a pensar de forma enérgica de qué manera responder al déficit cuantitativo de viviendas en nuestro país», dice y agrega que el quiebre se produjo, específicamente, en 2011. A partir de ese año, el Minvu comenzó a reportar un crecimiento anual de 2 a 3 mil familias en campamentos.
Para Mundaca, al igual que se constató hoy, detrás de la problemática persisten otras vulnerabilidades como el hacinamiento, la calidad de la vivienda o los arriendos abusivos. «Situaciones que hacen que una persona decida’ irse a un campamento», apunta. Y a factores como el encarecimiento de las propiedades, la crisis económica o la falta de oferta en zonas centrales, agrega otro punto: «Hay que evaluar de qué manera ha funcionado el subsidio a la demanda, y cómo este logra responder a los aumentos del valor del suelo o la construcción».
El impacto de la migración
Respecto a la presencia migrante en los asentamientos, la ex jefa de política migratoria en 2017 señala que el alza en las cifras no se explica sólo por este factor. «Considerando que la población migrante ha crecido a un ritmo acelerado, los números no dan para que sean los responsables«, asegura. «Pero me consta que familias migrantes deciden vivir en campamentos porque no les queda otra«. Ejemplo de ello, dice, es Antofagasta, por los caros suelos y el alto costo de vida. «Lograr una situación habitacional formal se hace muy adverso en contextos donde el pago en salarios es totalmente injusto».
-Los dirigentes de campamentos se refieren a la tramitación de los proyectos como un grave problema, ¿qué ocurre en este sentido?
-Al menos en mi experiencia, las familias se demoraban entre 10 a 15 años en recibir una solución habitacional desde el Comité de Vivienda. Son caminos muy largos y que no pueden seguir demorando tanto tiempo.
-¿Qué pasos hay que dar?
-Se necesita una disponibilidad de recursos claros. También una evaluación de cómo ha funcionado el poder de decisión de las viviendas; soluciones habitacionales más diversas, que consideren la localidad y en las que los municipios tengan un rol importante; y medidas que reconozcan el tránsito entre campamento y vivienda definitiva.
>>»Que en un país el campamento sea solución, significa que la injusticia nos está ganando la pelea».
Sebastián Bowen, Director Ejecutivo TECHO-Chile.
Fuente: La Segunda