En menos de 72 horas, cuatro personas fueron detenidas por el intento de ingresar al país a dos grupos de extranjeros por pasos no habilitados. Veintiocho víctimas atravesaron los campos minados en Arica. Once eran menores de edad.
Yeri cayó de rodillas sobre la arena. Luego de seis horas de caminata por el desierto, el peso del equipaje que cargaba en los hombros le impedía mantener el ritmo del resto. Mientras todos se alejaban, sus hijos comenzaron a llorar y ella pidió ayuda para no sucumbir al frío de la pampa. En la oscuridad, unas manos la ayudaron a ponerse de pie y una voz la animó a continuar la marcha. Quedaba poco para llegar a suelo chileno.
“Me caí unas tres veces, quedando muy dolorida”, relataría después.
La travesía junto a sus tres hijos había comenzado la tarde del martes 21 de julio en el terminal de buses de Tacna, al sur de Perú, cerca del límite con la Región de Arica y Parinacota. “Se me acercó un señor taxista, indicándome que podía pasarme de manera informal a Chile, cobrándome US$ 60 dólares ($ 46 mil) por mí y mis tres hijos menores de edad, a lo cual accedí”, declararía la mujer a la Fiscalía de Arica. Su pago incluía un traslado por la carretera hasta llegar al hito 15, una de las nuevas zonas utilizadas por bandas dedicadas al tráfico de personas. Se les conoce coloquialmente como “coyotes”, guías que atraviesan el desierto aprovechando la soledad de la noche para burlar los controles migratorios.
Ese sector era el punto de partida de la extensa caminata hacia la Línea de la Concordia, que atraviesa dunas y zonas rocosas. “Ahí me esperaba un hombre que dijo que podía pasarme en la frontera, que podía guiarme y me cuidaría. Por esto me pidió US$ 420 (cerca de $ 325 mil), comenzando a caminar unas seis horas aproximadamente, temiendo por mi integridad, ya que, además, soy asmática”.
Yeri era parte de un grupo de 16 personas que incluía un niño de apenas tres años. Todos serían conducidos a la frontera por dos “coyotes” venezolanos. “De ahora en adelante nosotros vamos a ser sus guías. Si decimos que se agachen, se agachan. Si decimos que avancen, lo hacen”, exigió Jonder García (20). Según la Fiscalía de Arica, junto a Alexis Faudito (20), habrían sido parte de una organización que se financiaba mediante la internación de extranjeros al país por pasos no habilitados. Y esa noche tenían todo listo para avanzar por el desierto. Linternas en mano, bolsos adosados a la espalda y botellas con agua bastaron para comenzar el periplo desde el hito 15. Este sector, alejado del control policial chileno, se encuentra a casi un kilómetro de una torre de vigilancia del Ejército. “Ellos tomaron la delantera y comenzamos a avanzar detrás de ellos por varias horas. Cruzamos lugares con alambres, sectores arenosos. Incluso, venían varios niños en el grupo. Había una señora con un bebé en sus brazos, a la que tuvimos que ayudar bastante”, detalló otra de las víctimas de esta organización.
La zona con “alambres”, explican en la Fiscalía de Arica, corresponde a sectores de campos minados, donde pese a los esfuerzos del Ejército por limpiar la zona, aún quedan explosivos enterrados. Pese a conocer esta situación, los dos “coyotes” nunca explicaron los riesgos que conllevaba caminar por esta zona del desierto. “Si lo hubiese sabido, jamás habría cruzado esa frontera”, relató una de las víctimas al Ministerio Público.
Desde que la pandemia se propagó por los países vecinos, en marzo, los casos de tráfico de migrantes prácticamente habían desaparecido. Las cuarentenas preventivas y el cierre de las fronteras, que conllevó un aumento de la presencia militar y policial en la zona, redujeron a cero los casos de tráfico de personas en la zona fronteriza. Sin embargo, hace dos semanas el desconfinamiento en los países vecinos reactivó el comercio y, de paso, reimpulsó este lucrativo negocio, que se aprovecha de indocumentados que buscan oportunidades en Chile.
